jueves, 11 de octubre de 2012

El Departamento de Ciencias de la Comunicación de Humanidades expresa su apoyo

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522


A tres años de sancionada, el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, celebra el proceso de discusión democrática que llevó a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, mira con optimismo las posibilidades de su plena aplicación, y plantea algunas preocupaciones.
En parte, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual significa la respuesta a un debate y preocupación constantes en las carreras de Comunicación de las Universidades Públicas argentinas desde la caída de la última dictadura militar. Se pasó de una ley basada en el lucro y la censura, y de modificatorias y decretos que potenciaron el sesgo hacia el mercado habilitando las formas más intensas de concentración horizontal y vertical y la posibilidad de transnacionalización de esos procesos, a una comprensión de la Comunicación Audiovisual como servicio de interés público y a la distribución de la posibilidad de licencias en un sistema mixto que incluye (además del Estado y el Mercado) a las organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil.
El proceso de sanción de esta ley estuvo marcado por el debate y la participación, instancias en las que las carreras de Comunicación Social de las Universidades Públicas de Argentina intervinimos de manera activa. Lo que muchos denominan “el espíritu de la ley”, está basado en los 21 puntos planteados por la Coalición por una Radiodifusión
Democrática, que desde el año 2004 pedía la derogación de la Ley de Radiodifusión sancionada por la última dictadura militar en 1980, y que sistematizan una serie de preocupaciones presentes en las carreras de Comunicación Social desde 1983.
En esa Coalición intervinieron una diversidad de actores (desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias a las dos centrales sindicales nacionales, pasando por organizaciones de periodistas y académicos, personalidades de la cultura, organizaciones de derechos humanos, colectivos barriales y una innumerable cantidad de etcéteras).
Como integrantes del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, asistimos y llevamos nuestras sugerencias a los Foros Participativos de Consulta Pública que el Poder Ejecutivo Nacional impulsó para debatir el, entonces, proyecto de Ley. Así, el 26 de mayo y el 23 de junio de 2009 aportamos nuestras sugerencias a los Foros de Jujuy y Salta.
Además, co-coordinamos un panel de debate con el Departamento Académico San Salvador de la UCSE y participamos en numerosas actividades aúlicas y en instancias de encuentro académico organizadas por distintos actores de la comunidad universitaria, del ámbito público y del campo audiovisual y radiofónico.
La aprobación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en Argentina en el año 2009 se produjo en un escenario latinoamericano marcado por transformaciones políticas, que abrieron la posibilidad de imaginar, proyectar y desarrollar medios sobre otras lógicas de producción y circulación (alternativas, universitarias, comunitarias).
A tres años de la sanción, el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la FHyCS (UNJU) reclama la plena aplicación y vigencia de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Como preocupaciones, compartimos la exhortación de REDCOM y FADECCOS a constituir el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos (Art.18) y la Defensoría del Público (Cap. IV, Art. 19 y Art. 20); la reapertura de las convocatorias canceladas para la presentación de pliegos, la implementación del Plan Técnico, la constitución de todos los órganos de control y asesoramiento y la licitación de frecuencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) para el sector comunitario, en la convicción de que esto último, permitirá garantizar la amplitud y pluralidad de contenidos que está en el espíritu de la ley, como así el respeto por la diversidad cultural.
Pero aun cuando alcancemos la plena vigencia, sabemos que la LSCA no significa por sí misma una política. Es por eso que consideramos necesario resignificar, potenciándola y actualizándola para el contexto actual, la construcción de Políticas Nacionales de la Comunicación, cuyo abandono está vinculado a la derrota de los movimientos nacionales y populares en América Latina.
Hace treinta y ocho años, el comunicólogo boliviano Luis Ramiro Beltrán definió las PNC como “un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación, armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del proceso general de comunicación de un país”. Repensar esta herencia es una opción abierta por el contexto que posibilita la ley, pero debemos trabajar para materializarla. En ese sentido la comunicación - como industria cultural, como co-constructora de identidad y desarrollo y como importante factor económico – tiene una norma que la regula, pero también necesita políticas concertadas que produzcan planes técnicos para gestionar la complejidad inclusivamente mediante una racionalidad político cultural y no sólo económica, que coordinen acciones para redefinir la nueva relación entre lo privado comercial, lo social comunitario y lo público; que abran mecanismos para la participación ciudadana; que establezcan reglas para todos los operadores.
Del mismo modo, consideramos importante potenciar las posibilidades de la ley, sumada al decreto regulatorio de la televisión digital terrestre, en una Política Nacional de Comunicación que asuma que al Estado le corresponde un rol central para ofrecer una estrategia de promoción a la producción y a la distribución de bienes culturales. Pensamos que esa estrategia estatal debería contemplar la aparición de nuevos actores; el derecho a la mirada y a la palabra del territorio nacional, visibilizado con lógicas federales y de respeto a la diversidad; la promoción de iniciativas de participación para el diseño y auditoria de las PNC; y la articulación con Latinoamérica.
Por último, pero para nosotros lo más importante por el lugar que ocupamos en el concierto de voces que discuten estos temas, las universidades públicas debemos preocuparnos por, y ocuparnos de, la formación de comunicadores y comunicadoras que renueven la producción de contenidos, y que además puedan diseñar, planificar, gestionar, evaluar y participar en las numerosas acciones que plantea la ley.

Agradecemos la difusión. 
Prensa y Difusión
UNJu
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