Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522
A tres años de
sancionada, el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades
de la Universidad
Nacional de Jujuy, celebra el proceso de discusión
democrática que llevó a la Ley
26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, mira con optimismo las
posibilidades de su plena aplicación, y plantea algunas preocupaciones.
En parte, la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual significa la respuesta a un debate y preocupación
constantes en las carreras de Comunicación de las Universidades Públicas
argentinas desde la caída de la última dictadura militar. Se pasó de una ley
basada en el lucro y la censura, y de modificatorias y decretos que potenciaron
el sesgo hacia el mercado habilitando las formas más intensas de concentración
horizontal y vertical y la posibilidad de transnacionalización de esos
procesos, a una comprensión de la Comunicación Audiovisual
como servicio de interés público y a la distribución de la posibilidad de
licencias en un sistema mixto que incluye (además del Estado y el Mercado) a
las organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil.
El proceso de sanción
de esta ley estuvo marcado por el debate y la participación, instancias en las
que las carreras de Comunicación Social de las Universidades Públicas de
Argentina intervinimos de manera activa. Lo que muchos denominan “el espíritu
de la ley”, está basado en los 21 puntos planteados por la Coalición por una
Radiodifusión
Democrática, que desde
el año 2004 pedía la derogación de la
Ley de Radiodifusión sancionada por la última dictadura
militar en 1980, y que sistematizan una serie de preocupaciones presentes en
las carreras de Comunicación Social desde 1983.
En esa Coalición
intervinieron una diversidad de actores (desde el Foro Argentino de Radios
Comunitarias a las dos centrales sindicales nacionales, pasando por
organizaciones de periodistas y académicos, personalidades de la cultura, organizaciones
de derechos humanos, colectivos barriales y una innumerable cantidad de
etcéteras).
Como integrantes del
Departamento de Ciencias de la
Comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Jujuy, asistimos y llevamos nuestras sugerencias a los Foros Participativos
de Consulta Pública que el Poder Ejecutivo Nacional impulsó para debatir el,
entonces, proyecto de Ley. Así, el 26 de mayo y el 23 de junio de 2009
aportamos nuestras sugerencias a los Foros de Jujuy y Salta.
Además, co-coordinamos
un panel de debate con el Departamento Académico San Salvador de la UCSE y participamos en
numerosas actividades aúlicas y en instancias de encuentro académico
organizadas por distintos actores de la comunidad universitaria, del ámbito
público y del campo audiovisual y radiofónico.
La aprobación de la Ley 26.522 de Servicios de
Comunicación Audiovisual (LSCA) en Argentina en el año 2009 se produjo en un
escenario latinoamericano marcado por transformaciones políticas, que abrieron
la posibilidad de imaginar, proyectar y desarrollar medios sobre otras lógicas
de producción y circulación (alternativas, universitarias, comunitarias).
A tres años de la
sanción, el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la FHyCS (UNJU) reclama la
plena aplicación y vigencia de la
Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Como preocupaciones,
compartimos la exhortación de REDCOM y FADECCOS a constituir el Consejo
Consultivo Honorario de los Medios Públicos (Art.18) y la Defensoría del Público
(Cap. IV, Art. 19 y Art. 20); la reapertura de las convocatorias canceladas
para la presentación de pliegos, la implementación del Plan Técnico, la
constitución de todos los órganos de control y asesoramiento y la licitación de
frecuencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) para el sector comunitario,
en la convicción de que esto último, permitirá garantizar la amplitud y
pluralidad de contenidos que está en el espíritu de la ley, como así el respeto
por la diversidad cultural.
Pero aun cuando
alcancemos la plena vigencia, sabemos que la LSCA no significa por sí misma una política. Es
por eso que consideramos necesario resignificar, potenciándola y actualizándola
para el contexto actual, la construcción de Políticas Nacionales de la Comunicación, cuyo
abandono está vinculado a la derrota de los movimientos nacionales y populares
en América Latina.
Hace treinta y ocho
años, el comunicólogo boliviano Luis Ramiro Beltrán definió las PNC como “un
conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de
comunicación, armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas
dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo
del proceso general de comunicación de un país”. Repensar esta herencia es una
opción abierta por el contexto que posibilita la ley, pero debemos trabajar
para materializarla. En ese sentido la comunicación - como industria cultural,
como co-constructora de identidad y desarrollo y como importante factor
económico – tiene una norma que la regula, pero también necesita políticas
concertadas que produzcan planes técnicos para gestionar la complejidad
inclusivamente mediante una racionalidad político cultural y no sólo económica,
que coordinen acciones para redefinir la nueva relación entre lo privado
comercial, lo social comunitario y lo público; que abran mecanismos para la
participación ciudadana; que establezcan reglas para todos los operadores.
Del mismo modo,
consideramos importante potenciar las posibilidades de la ley, sumada al decreto
regulatorio de la televisión digital terrestre, en una Política Nacional de
Comunicación que asuma que al Estado le corresponde un rol central para ofrecer
una estrategia de promoción a la producción y a la distribución de bienes
culturales. Pensamos que esa estrategia estatal debería contemplar la aparición
de nuevos actores; el derecho a la mirada y a la palabra del territorio
nacional, visibilizado con lógicas federales y de respeto a la diversidad; la
promoción de iniciativas de participación para el diseño y auditoria de las
PNC; y la articulación con Latinoamérica.
Por último, pero para
nosotros lo más importante por el lugar que ocupamos en el concierto de voces
que discuten estos temas, las universidades públicas debemos preocuparnos por,
y ocuparnos de, la formación de comunicadores y comunicadoras que renueven la
producción de contenidos, y que además puedan diseñar, planificar, gestionar,
evaluar y participar en las numerosas acciones que plantea la ley.
Agradecemos la difusión.
Prensa y Difusión UNJu
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TEL 0388- 4233428
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